The Field
Human rights

Veintinueve pagos llegaron a tiempo. Casi tres años después, sigo sin saber adónde fueron a parar mis ahorros.

Nicky Sommer dice que perdió los ahorros de su jubilación, 256 millones de pesos chilenos, en una estafa. Casi tres años después, un juez ha resuelto dónde vivirá el acusado mientras espera, y todavía no ha comenzado el juicio.

Esta es una traducción del original en inglés, hecha con una herramienta de traducción. Si hay diferencias, prevalece la versión en inglés. Leer el original en inglés.

Un moderno complejo judicial de fachada de vidrio en Santiago de Chile, con un alero de madera, visto desde la calle bajo un cielo azul.
Un complejo de tribunales en Santiago de Chile. Foto de archivo: no muestra a nadie relacionado con este caso.Foto: Carlos Figueroa Rojas, vía Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Nota del editor: Nicky Sommer cuenta aquí su propia historia, publicada con su permiso. Yo la edité para The Field y ayudé a darle forma: comprobé con sus fuentes los reportes judiciales que cita y separé qué cifras son suyas y cuáles son de la prensa. Escribí a César Marín Mebus el 5 de noviembre con mis preguntas y le di plazo hasta el 9 de noviembre; para entonces no había respondido, y añadiré aquí su respuesta si la envía. No encontré un contacto público de los abogados de Andrés Riquelme. Ismail Abukar, editor

Unos tres o cuatro días después de que no llegara el pago que me debían el 11 de diciembre de 2023, me reuní con Andrés Riquelme a tomar un té en una cafetería cerca de mi casa, en Santiago. Eran como las diez de la mañana. César Marín, el hombre que me lo había presentado, se había enterado de la reunión y vino también. En un momento César se levantó a pagar la cuenta y yo me quedé sola en la mesa con Andrés. Le pregunté directamente: «Pero ¿qué hiciste con mi dinero?». Me respondió: «Usé tus ahorros para pagar mis deudas personales».

Me quedé muda. Apenas podía creer lo que oía, y sentí a la vez conmoción y furia. Los dos sabían que eran los ahorros de mi jubilación y que yo pensaba volver a Europa para estar cerca de mis cuatro hijos y de mi madre, que hoy tiene noventa años. Riquelme empezó entonces a hablar de maneras de devolverme el dinero. Mencionó una propiedad de su madre en el sur de Chile y dijo que él y su pareja podrían vender la casa donde vivían y mudarse a otra parte, aunque también me dijo que ya tenía dos hipotecas y que no estaba a su nombre. Más tarde habló de un acuerdo con su padre. Nada de eso produjo un pago.

Casi tres años después, el 14 de octubre, un juez de Santiago rechazó flexibilizar el arresto domiciliario de Andrés Riquelme Pallamar, un antiguo ejecutivo financiero acusado de fraude y apropiación indebida. Sus abogados habían pedido que se aliviaran sus restricciones, alegando nuevos antecedentes. El fiscal y los abogados de las víctimas se opusieron, y Biobiochile informó de que la solicitud fue rechazada. Soy una de las personas a las que él está acusado de haber estafado. Perdí 256 millones de pesos chilenos, unos US$270.000, que eran los ahorros de mi jubilación. En diciembre se cumplirán tres años desde que lo supe, y todavía no ha comenzado el juicio.

Debo decir con claridad que tengo un interés personal en esto. Vivo en Chile, tengo cuatro hijos y fui inversionista en lo que creía que era un negocio seguro. Todo lo que cuento a continuación sobre mi propio dinero es mi versión, y puedo documentarla. Lo que han hecho los tribunales está tomado de reportes publicados, que he enlazado.

Todo empezó el 10 de agosto de 2022. Un hombre en quien confiaba, César Marín Mebus, me presentó a Andrés Riquelme, a quien describió como un amigo y colega con experiencia. Me dijeron que ambos habían trabajado en grandes instituciones financieras, y que Riquelme ocupaba lo que yo entendía que era un cargo alto en Principal Financial Group. Las inversiones, me dijeron, financiaban equipamiento contra incendios, entre otras cosas cascos y chaquetas, para una compañía de bomberos de Santiago, Bomberos de Ñuñoa. Había contratos, pagarés (promesas escritas de pago), escrituras públicas (documentos firmados ante notario), reconocimientos de deuda y documentos de cesión de créditos. En dieciséis meses recibí treinta y ocho pagarés, según mis registros. La prensa informó que la querella abarcaba veintidós operaciones, una cifra que creo que es errónea. Los primeros veintinueve se pagaron a tiempo, completos, con los intereses acordados. Esa es la parte de mi historia que más quiero que la gente entienda. Cada pago me daba más confianza en el acuerdo, y yo reinvertía los intereses junto con el resto de mis ahorros. Al final había reinvertido casi todo lo que tenía.

En diciembre de 2023 los pagos se detuvieron. Los últimos nueve pagarés nunca se pagaron, lo que me dejó con 256 millones de pesos menos, solo en capital y, con los intereses que me habían prometido, unos 306 millones de pesos. Riquelme me dijo más tarde que las primeras órdenes de compra eran verdaderas y que las demás eran falsas. Cuando le pregunté cómo esperaba que yo viviera y cuánto ganaba, me dijo que unos cinco millones de pesos al mes. Insistí en que me diera la mitad, por una cuestión de principio. Me dio 2,5 millones de pesos. Es el único pago que he recibido de él, y no ha habido otro. Es menos del uno por ciento del capital que perdí. Los fiscales dicen que las órdenes de compra eran falsas y que los negocios nunca existieron, y que a los primeros inversionistas se les pagaba con dinero de los nuevos, como informó Biobiochile. Funcionarios de Bomberos dijeron al mismo medio en 2024 que la institución nunca emitió las órdenes citadas en la querella.

Está también el hombre que me trajo a este negocio. Marín Mebus venía a mi casa para encargarse de las transacciones, y vi cómo firmaba cheques de Riquelme con las iniciales «p.p.», que significan que firmaba en nombre de Riquelme. Él manejaba los documentos. También cobraba comisiones por los negocios que presentaba, y cuando le pedí que me devolviera las de mi dinero, se negó a devolver un solo peso, como le conté a El Desconcierto. Según tengo entendido, él contactó a Bomberos para comprobar si las órdenes de compra eran reales solo después de que las inversiones se habían derrumbado. ¿Por qué no se hizo antes de que mi dinero entrara, o a lo largo de los muchos pagarés que siguieron? No lo sé. No afirmo que él supiera lo que estaba pasando. No ha sido acusado formalmente, y no he visto ningún reporte con su versión. Pero creo que su papel, las comisiones y la falta de verificación merecen un examen cuidadoso por parte de los investigadores.

Contraté a un abogado en enero de 2024 y presté declaración formal ante la Policía de Investigaciones, la policía de investigaciones criminales de Chile, el 27 de febrero. No soy la única víctima. Un reporte calcula las pérdidas totales en más de 950 millones de pesos, una cifra que no puedo confirmar. Riquelme fue formalizado, que en Chile es el inicio formal de una causa penal, en diciembre de 2025, y el fiscal pidió que quedara en prisión. Lo estuvo, por un tiempo. En junio un tribunal lo reemplazó por arresto domiciliario total. Un abogado de las víctimas dijo a Biobiochile que Riquelme había invocado un acuerdo por 400 millones de pesos con su padre, y que fue ese acuerdo lo que permitió al fiscal respaldar el cambio. El mismo abogado dijo que Riquelme le dijo al tribunal que haría pagos a las víctimas, y que no se ha hecho ninguno. A mí no me ha llegado ninguno. Al comienzo de la causa su propio abogado dijo que la defensa colaboraría «en la etapa más oportuna», y desde entonces el caso ha avanzado a su propio ritmo.

También reconozco mi parte. Debí haber revisado yo misma los documentos y haber hecho más preguntas antes de poner tanto de mi vida en esto. Confié en las trayectorias de las personas involucradas, en los documentos formales y, sobre todo, en que los primeros pagarés se habían pagado. Ahora sé que eso no bastaba. Pero hay una diferencia entre equivocarse por confiar en alguien y engañar deliberadamente a otra persona, y creo que quienes presentaron y administraron estas inversiones deben responder por lo que hicieron.

Yo había planeado mudarme a Italia, comprar una casa pequeña y vivir cerca de mis hijos. En cambio, he pasado casi tres años en la incertidumbre y la angustia económica, en un proceso cuyo resultado no puedo ver. Mi caso ha tenido cobertura de prensa, y la cobertura no ha movido un solo peso. Cuando un fraude se hace público, la atención va al acusado y al tribunal. Lo que les pasa a las víctimas cuando las cámaras se van rara vez se cuenta.

Entiendo que los tribunales son lentos y que toda persona acusada tiene derecho a defenderse. Pero quiero preguntar para qué sirve el caso, desde donde estoy yo. En las audiencias que he seguido, la pregunta es si el acusado puede salir de una celda. La pregunta que más importa a las personas a las que él está acusado de haber estafado es adónde fue el dinero, si se puede rastrear y cómo se recupera si él dice que no tiene nada. No he visto que nadie la responda. El 14 de octubre el tribunal decidió dónde vivirá mientras espera. Nadie ha decidido todavía dónde está mi dinero.

Cuento esta historia en el extranjero porque las víctimas merecen atención cuando terminan los titulares, y porque espero que haga que alguien verifique una inversión de forma independiente, aunque llegue a través de un contacto de confianza, esté respaldada por documentos y haya pagado durante mucho tiempo. No sé cuándo empezará un juicio, si los responsables rendirán cuentas ni si volveré a ver mis ahorros. Sé que no puedo renunciar al futuro que tanto me costó construir.